Resumen: La Sala de lo Social desestima en la instancia la demanda de impugnación de actos administrativos en materia laboral formulada por un sindicato, al constatar la existencia de fuerza mayor derivada del COVID-19 como causa de suspensión de contratos de trabajo. Para ello deniega, primero, la excepción de inadecuación de procedimiento, pues lo pretendido es la declaración de nulidad de la resolución de la DGT del Gobierno de Canarias. En segundo lugar, rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva de la empresa, al poder quedar afectados sus derechos o intereses. En tercer lugar, deniega la falta de agotamiento de la vía administrativa previa, ya que la resolución administrativa que constata la fuerza mayor, hace constar literalmente que la misma agota la vía administrativa. En cuarto lugar, no aprecia la excepción de caducidad de la acción ejercitada, ya que notificada la resolución el 04-05-2020 en la fecha de interposición de la demanda el 02-07-2020, no se había sobrepasado el plazo de dos meses previsto en el art. 69 LRJS. En cuanto al fondo, el tribunal analiza el concepto de fuerza mayor y considera que lo integra las situaciones de pérdida de actividad derivada del COVID-19, causada por las distintas medidas de contención incluidas en el RD 463/2020, y dado que su art. 10 suspende una parte relevante de su actividad (distribución de alimentos) por las medida, se constata la existencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra auto que acuerda desestimar el incidente de ejecución interpuesto por el Concello de Sada, y ordena la continuación de la ejecución por el importe total de 1.019,253 euros. Señala la Sala que si el único criterio que se puede tener en cuenta es el relativo a la existencia de trastorno grave para la hacienda pública municipal, este ciertamente no solo no existe sino que de adverso se reconoce que no existe. Así, en la página 4 del recurso de apelación, el Concello de Sada no tiene inconveniente en afirmar que: "El Ayuntamiento tiene remanente de tesorería para hacer frente al pago, lo cual desde este momento afirmamos que es cierto". Luego tras esta afirmación poco más queda decir, porque si se reconoce que no hay riesgo de trastorno grave de la hacienda pública, no hay base entonces para plantear incidente alguno. Y añade que la objeción alegada "das necesidades da veciñanza" como consecuencia del COVID, al margen de ser una alegación genérica no se sabe qué necesidades son, máxime, si tenemos en cuenta que las entidades locales no tienen competencia para subvencionar actividades particulares o suplir la posible falta de ingresos como consecuencia de las restricciones derivadas de las medidas sanitarias impuestas por la administración sanitaria, que corresponden al Estado Central y a la Xunta de Galicia.
